En una nueva política reciente, se ha ordenado a los departamentos gubernamentales del Reino Unido que dejen de instalar sistemas de vigilancia visual hechos por empresas y fabricantes sujetos a la Ley de Inteligencia Nacional de la República Popular China.
Identificado como un riesgo potencial actual y futuro para la seguridad del Reino Unido, dada la creciente capacidad y conectividad de estos sistemas de cámaras de seguridad, se requieren controles adicionales cuando estas unidades se instalan en propiedades gubernamentales y cuando la política se refiere a «áreas sensibles» en el Reino Unido.
Una reciente declaración del canciller del Ducado de Lancaster, Oliver Dowden, ha revelado que los equipos de vigilancia en el Reino Unido están bajo escrutinio y se han convertido en un riesgo potencial para la seguridad en cuanto a la protección de los datos de inteligencia del gobierno, como el personal, los activos y las propiedades.
En un caso aparentemente similar al de la violación del GDPR, este caso se refiere supuestamente a las imágenes de vigilancia puestas a disposición de los fabricantes de los propios dispositivos o que corren el riesgo de verse comprometidas, en particular las que fueron, como dice el comunicado, «producidas por empresas sujetas a la Ley de Servicios de Inteligencia Nacional de la República Popular China».
La BBC informó de que hay empresas y fabricantes en China que están obligados por la ley china a cooperar con los servicios de seguridad de Pekín y que la misma ley establece que cualquier organización debe apoyar y cooperar con su gobierno en lo que se llama trabajo de inteligencia nacional.
La declaración continúa sugiriendo que la alerta y la reducción de riesgos sólo son relevantes para determinadas zonas que entran en la definición de lugares sensibles. En la declaración Dowden propone que:
«Ningún equipo de este tipo debería estar conectado a las redes centrales de los departamentos, y éstos deberían considerar la posibilidad de retirar y sustituir dichos equipos cuando se encuentren en lugares sensibles, en lugar de esperar a las actualizaciones programadas».
Al final de la declaración, Dowden también asegura que el gobierno está tomando medidas inmediatas para evitar que se materialicen estos posibles riesgos para la seguridad y que estas cuestiones se vigilarán de cerca.
Al parecer, dos empresas chinas de vigilancia, Hikvision y Dahua, están en el centro de este polémico debate sobre la legalidad y la seguridad de sus productos, su mantenimiento y el posible intercambio de datos con terceros.
Ambas empresas han estado en el centro de las negociaciones del gobierno para prohibir la venta de sus productos en el Reino Unido, a pesar de que ya se han distribuido ampliamente en lugares como las fuerzas policiales, las escuelas secundarias y las universidades, los consejos del Reino Unido y un pequeño número de organismos del NHS.
